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Recomiendan cadena perpetua para sobrinos de Maduro como ‘criminales violentos’

Declarados culpables de intentar importar más de 800 kilos de cocaína a Estados Unidos, los sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela podría ser condenados el próximo mes a cadena perpetua, tras la introducción de un Informe de Investigación Precondenatoria (PSR) que describe a los acusados como criminales violentos involucrados en más de un asesinato.

Documentos de la corte presentados recientemente muestran los urgentes intentos del equipo de defensa de Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas por desestimar los alegatos presentados por la Oficina de Libertad Condicional en el PSR, reporte que normalmente ejerce el mayor grado de influencia en la emisión de sentencias federales.

La defensa alega que el reporte es una copia fiel de mociones presentadas por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, que entre otras cosas presenta fotos de cuerpos mutilados como evidencia de que los sobrinos de Cilia Flores y Nicolás Maduro están implicados en asesinatos.

“Nos dirigimos hacia una audiencia de condena con un PSR en el que la sentencia inexplicablemente recomendada por la Oficina de Libertad Condicional -encarcelamiento de por vida para ambos acusados- es extensamente desproporcionada para lo que las evidencias mostraron sobre la verdadera conducta de ofensa”, indica la moción de los abogados defensores.

En una operación encubierta donde el gobierno fracasó en confiscar narcóticos, donde el gobierno no logró demostrar que los acusados hayan alguna vez distribuido narcóticos, donde no se presentaron evidencia de que poseían armas o participaron en actos violentos, una “sentencia de cadena perpetua sería exageradamente excesiva e injusta”, dijeron los abogados.

Los jóvenes podrían ser sentenciados entre el 12 y el 13 de septiembre.

El informe presentado ante el juez recomienda incrementar “en dos niveles” la condena normalmente prevista para las ofensas cometidas, acusando a los sobrinos de encabezar una operación de narcotráfico, sobornar funcionarios, usar violencia, y de estar involucrados en al menos un asesinato.

Las evidencias presentadas para respaldar esas mociones incluyen fotografías de cuerpos mutilados que los acusados se trasmitieron entre ellos, acompañados por mensajes de texto.

Según las autoridades, los cuerpos mutilados pertenecen a personas ejecutadas por incumplimiento del pago de deudas.

Pero la defensa argumenta que las fotos estaban disponibles en las redes sociales y que los mensajes de texto enviados eran “crípticos” y no demuestran que los acusados estaban involucrados con los asesinatos.

“Tampoco hay evidencia de que los acusados participaron en cualquier otra muerte. [Y] el gobierno no presentó pruebas, ni la corte emitió ningún pronunciamiento, de una conexión casual o de un nexo entre cualquier muerte y la conducta de los acusados”, señalaron los abogados en una de las mociones introducidas ante la corte.

“La acusación de que los acusados estaban involucrados con una conspiración violenta de cobrar deudas que propiciaron muertes están basadas en una improbable combinación de mensajes de textos escogidos selectivamente y fotos tomadas fuera de contexto. […] Pero al analizarlas con detenimiento, estos textos y estas fotos ni si quiera se acercan a establecer de manera creíble que los acusados estaban involucrados en cualquier muerte”, declararon los abogados.

En su planteamiento, los abogados volvieron a insistir en que los sobrinos eran empresarios estúpidos que se vieron involucrados en conversaciones sobre operaciones de narcotráfico con informantes de la Agencia Antidroga Estadounidense (DEA) sin entender exactamente las consecuencias de sus acciones.

Un jurado federal de Nueva York declaró culpables a los sobrinos en noviembre del año pasado por planear el envío ilegal de 800 kilogramos de cocaína desde el hangar presidencial en el aeropuerto de Caracas a Honduras, para de allí contrabandear la droga hacia Estados Unidos.

El caso estuvo basado principalmente en las grabaciones tomadas por la DEA en que los acusados no solo discutieron los detalles de la operación que ellos trataron de orquestar sino que alardearon que el narcotráfico en Venezuela era controlado por el chavismo.

En las grabaciones, los sobrinos admitieron que querían realizar la operación porque se querían enriquecer y además querían ayudar a financiar la campaña para la Asamblea Nacional de la Primera Dama.

“Las palabras y las acciones de los acusados reflejan que mantenían la firme creencia que, por virtud de su poder y de sus conexiones, ellos podían actuar con impunidad”, manifestó la fiscalía en uno de los documentos presentados ante la corte.

El juez que lleva la causa tenía previsto dictar la sentencia inicialmente el 7 de marzo, pero el proceso ha sido postergado en más de una ocasión.

Aportado por Antonio María Delgado- El nuevo Herald.

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Written by venmi

La Comunidad Venezolana de Miami

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