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El Supremo venezolano en el exilio solicita a la Interpol detener a Nicolás Maduro

El Tribunal Supremo de Justicia en el exilio ha decidido iniciar el proceso penal contra Nicolás Maduro y, a instancias de Luisa Ortega, la fiscal rebelde, solicitar a la Interpol la orden de captura internacional contra el “hijo de Chávez”. “Hay causa probable de que se han cometido delitos de corrupción y legitimación de capitales”, señala el dictamen, dado a conocer hoy en una sala del Senado colombiano, en Bogotá.

La decisión de enjuiciar al primer mandatario inicia así su propia subida al Everest, ya que los siguientes pasos dependen ahora del Parlamento, que debe votar para retirar la inmunidad al presidente, y sobre todo del reconocimiento internacional.

La Constitución de 1999, redactada a iniciativa de Hugo Chávez, sostiene que el Supremo tiene la potestad de iniciar el enjuiciamiento del presidente y redactar una sentencia con la autorización previa de la Asamblea Nacional.

El llamado Supremo legítimo, que fue elegido por el propio Parlamento, remitirá la sentencia a Naciones Unidas, la OEA y el Grupo de Lima.

También tiene previsto acudir a la Cumbre de las Américas, que se celebra esta semana en Lima, para dar a conocer su resolución. Otra de sus actuaciones inminentes será la activación de la Convención de Palermo contra el crimen organizado, ya que los magistrados sospechan de la existencia de un poderoso aparato de corrupción internacional.

En definitiva, una decisión histórica plagada de dudas, pero que se apoyó en las pruebas presentadas por los antiguos rectores del Ministerio Público venezolano, quienes investigan el caso Odebrecht desde 2015. Según estos cálculos, los gobiernos bolivarianos de Chávez y Maduro habrían entregado más de 1.700 millones de dólares a la compañía brasileña por obras no ejecutadas ni finalizadas.

“Todos los venezolanos tenemos derecho a saber qué ocurrió con este dinero”, remachó el magistrado Miguel Ángel Martín, presidente del TSJ en el exilio.

Varias interrogantes se ciernen ahora sobre esta decisión judicial. La primera, si el Parlamento da su visto bueno. Y la segunda, si la comunidad internacional reconoce al tribunal.

El caso Odebrecht ha salpicado en Latinoamérica a presidentes, vicepresidentes y dirigentes salvo, hasta ahora, la excepción venezolana, pese a que fue el país donde más dinero se empleó gracias a los acuerdos entre Chávez y Lula, continuados por Maduro. Según las declaraciones de los rectores de Odebrecht ante la justicia brasileña, más los aportes realizados por la Fiscalía de Ortega, desde Brasil se entregaron 43 millones para las campañas presidenciales de 2012 y 2013.

El gobierno de Caracas le desconoce, además de acusar de traición y corrupción a Ortega. “El único sistema de justicia de Venezuela queda en nuestro país”, aseguró el fiscal Tarek William Saab, nombrado a raíz de la destitución ilegal de Ortega.

Aportado por Daniel Lozano.

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Written by venmi

La Comunidad Venezolana de Miami

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